Comentarios al ensayo “Populismo o mercados”

La impresión general sobre el ensayo es que pretende aportar evidencias de la “superioridad” del desempeño económico de un país al aplicar lo que llama “políticas heterodoxas” versus la aplicación de “políticas neoliberales” usando el ejemplo de Bolivia identificado con el primer caso y el de Chile, con el segundo caso, analizando el período que va desde 1990 hasta 2019, dividido en dos sub períodos 1990-2005 y 2006-2019.

En síntesis, lo que se trata de justificar es que una mayor intervención del Estado en la economía es beneficiosa y que lo contrario es, por tanto, perjudicial o menos beneficioso.

Pero vamos a la comparación. Las políticas económicas aplicadas en Chile pueden calificarse en gran parte como “neoliberales” si definimos este término como aquellas políticas recomendadas en el Consenso de Washington, en el período posterior al desmantelamiento de las políticas socialistas de Salvador Allende. Pero después de 2006, tales políticas se fueron abandonando, favoreciendo políticas de corte socialdemócrata que en resumen significaron mayor intervención estatal y mayor gasto público, especialmente en el período de Michelle Bachelet.

Por tanto, en el período 2006-2019 no se está comparando una Bolivia con un “modelo heterodoxo de Economía Plural” con un Chile aplicando políticas “neoliberales”, sino más bien cada vez menos liberales y pro socialistas. Era de esperarse entonces que los indicadores económicos chilenos fueran desmejorando en relación al período anterior, cuando las políticas “neoliberales” eran aplicadas en buena parte.

En la siguiente tabla podemos ver el PIB per cápita (US$ a precios constantes de 2010) de ambos países en los períodos analizados. Nótese que en el primer período, durante la aplicación de políticas “neoliberales” en Chile, este indicador aumentó 89% y en el siguiente período de ralentización de esas políticas y aplicación de políticas “populistas” socialdemócratas, este indicador bajó a 34%.

Países           1990        2005             2019       2005/1990 2019/2005

Bolivia  1,357   1,700   2,580 25% 52%
Chile 5,933 11,225  15,091 89% 34%

El aumento del PIB per cápita de un período a otro en Bolivia no necesariamente puede adjudicarse a la aplicación de políticas “neoliberales” en el primer período versus políticas “heterodoxas” en el segundo. En primer lugar, porque en el período anterior a 2005, tales políticas “neoliberales” no fueron aplicadas. Veamos por qué.

Dado que hay muchas interpretaciones del término “neoliberalismo” voy a usar las políticas recomendadas en el Consenso de Washington como el sustrato que da lugar a esa calificación.

1. Disciplina en la política fiscal, enfocándose en evitar grandes déficits fiscales en relación con el Producto Interno Bruto;
2. Redirección del gasto público en subsidios («especialmente de subsidios indiscriminados») hacia una mayor inversión en los puntos claves para el desarrollo, servicios favorables para los pobres como la educación primaria, la atención primaria de salud e infraestructura;
3. Reforma tributaria, ampliando la base tributaria y la adopción de tipos impositivos marginales moderados;
4. Tasas de interés que sean determinadas por el mercado y positivas (pero moderadas) en términos reales;
5. Tipos de cambio competitivos;
6. Liberalización del comercio: liberación de las importaciones, con un particular énfasis en la eliminación de las restricciones cuantitativas (licencias, etc.); cualquier protección comercial deberá tener aranceles bajos y relativamente uniformes;
7. Liberalización de las barreras a la inversión extranjera directa;
8. Privatización de las empresas estatales;
9. Desregulación: abolición de regulaciones que impidan acceso al mercado o restrinjan la competencia, excepto las que estén justificadas por razones de seguridad, protección del medio ambiente y al consumidor y una supervisión prudencial de entidades financieras;
10. Seguridad jurídica para los derechos de propiedad
Wikipedia lo define bastante claro y acertadamente. Consenso de Washington.

Alguien podría tener una objeción a las recomendaciones de política “neoliberales”? Lo que se observa en tales políticas es lo que la ciencia económica ha comprobado como prácticas prudentes y necesarias para un sano crecimiento y desarrollo económico. Los países que han hecho lo contrario en varias o algunas de esas políticas han sufrido crisis y estancamiento económico. Las evidencias documentadas están a la vista.

Puede decirse que en el período 1990-2005 se aplicaron esas políticas en Bolivia? Entiendo que no y algunas de ellas fueron tergiversadas respecto a sus objetivos. Luego veremos este punto.

Posteriormente estas recomendaciones se han pulido y ampliado considerablemente. Hacia fines de la década de los noventa se añadieron elementos a esta lista conocidos como “de segunda generación”, que tenían un cariz más institucional y se enfocaban a problemas de “gobernanza eficaz”.

Versión “aumentada” del Consenso de Washington (elementos agregados a los 10 originales)
1. Gobernanza corporativa.
2. Combate a la corrupción.
3. Mercados laborales flexibles.
4. Observancia de los preceptos de la OMC.
5. Observancia de los códigos y estándares financieros internacionales.
6. Apertura “prudente” de las cuentas de capital.
7. Regímenes cambiarios no intermedios.
8. Bancos centrales independientes / metas inflacionarias.
9. Redes de seguridad social.
10. Metas de reducción de la pobreza.
Dani Rodrik. Una economía, muchas recetas. La globalización, las instituciones y el crecimiento económico, 2011

Fueron aplicadas estas políticas adicionales en Bolivia y Chile? Cuáles de ellas aplicó cada país en los dos períodos analizados? Sin evaluar cuáles políticas se aplicaron, tanto de las 10 primeras como de las últimas, es muy aventurado calificar a las políticas aplicadas en un período como “neoliberales” tanto en un país como en otro.

En Latinoamérica, la mayoría de los gobiernos que aplicaron varias de recomendaciones, en realidad no todas, lo hicieron a regañadientes, para poder tener acceso a los fondos del FMI y del Banco Mundial. Un objetivo principal de las mismas era tratar de asegurar que la nueva deuda adquirida por los gobiernos fuera bien invertida y que estos pudieran repagarla sin mayores problemas, para romper el círculo de endeudamiento insostenible en que habían incurrido en el pasado y que llevó a muchos gobiernos a declarar su total insolvencia.

Algunas de estas medidas afectaban los intereses de grupos oligárquicos, como las relacionadas a la liberalización del comercio exterior y de la inversión extranjera, subsidios a la producción y combate a la corrupción. La izquierda también era férrea oponente de la liberalización de las importaciones (aunque esta siempre implicaba acceso a bienes con precios más bajos) y de los subsidios a la producción que provocaban incrementos de precios. La privatización de las ineficientes empresas estatales fue adversada por los partidos y movimientos de izquierda ya que en muchos casos eran empresas subsidiadas por el Estado y su privatización originaría aumentos en los precios. En varios países, la privatización no fue realizada de manera competitiva y transparente; quedando en manos de oligarcas coludidos con los gobiernos. La izquierda en general se oponía a la inversión extranjera, aunque la misma creara más empleos, También se oponía a la desregulación que provocaba la reducción de la burocracia estatal y a la reducción del gasto público necesaria para reducir exagerados déficits fiscales.

Todos en general, se oponían a la eliminación de los subsidios que no discriminaban entre ricos y pobres. Lo anterior es compartido por este especialista en finanzas internacionales:
“Para lograr el desarrollo, el país debe insertarse en el proceso de globalización. Sin embargo, como ello requiere una mayor competitividad, se necesita eliminar los obstáculos a la actividad empresarial y bajar los costos de transacción. Inevitablemente, la modernización institucional y económica afecta a algunos grupos privilegiados que medraban con la ineficiencia e iniquidad del viejo sistema. Estos grupos aprovechan cualquier tropiezo en el nuevo modelo para desprestigiarlo y proponer el regreso al pasado. A fin de facilitar su guerra ideológica encontraron una conveniente etiqueta que pegan a cualquier intento de reforma: neoliberalismo.

La lucha contra el neoliberalismo no es por la justicia social, sino por el restablecimiento del caduco sistema populista que llevó a todos los países de América Latina a la grave crisis que todavía no está superada.” Zbigniew Kozikowski Zarska. Finanzas Internacionales. (2013).
De modo que la aplicación de las recomendaciones del Consenso de Washington tuvo una fuerte oposición, principalmente de los partidos y movimientos de izquierda en todo el sub continente.

Algunos de los críticos a tales políticas empezaron a utilizar el término “neoliberal” para referirse a las personas que defendían la implementación de esas políticas y se referían a las mismas como políticas “neoliberales”.

Como hemos visto, varias de ellas cambiaban el status quo al que estaban acostumbrados los gobiernos, los empresarios, los sindicatos, los consumidores y la sociedad civil en general. Acostumbrados a una economía con un Estado que subsidiaba a diestra y siniestra, a productores y consumidores, para lo cual incurría en altos déficit fiscales que debía de cubrir con endeudamiento. Acostumbrados a una economía artificialmente protegida de la competencia exterior, provocando ineficiencias, baja productividad y mayores precios para los consumidores. Acostumbrados a las restricciones a la inversión extranjera, fuente de empleos y de nuevas tecnologías. Acostumbrados a un Estado interventor e inventor de una maraña de regulaciones que sofocan la actividad emprendedora, plagado de funcionarios contratados por lealtad antes que por mérito. Acostumbrados a un Estado ineficiente que dilapida los recursos obtenidos de los impuestos y de las deudas contraídas, en contubernio con las élites oligárquicas.

Como habría de esperarse, estas medidas tenían que ser adversadas por todos aquellos que se verían perjudicados por ellas a corto plazo.

Toda medicina es amarga, pero necesaria para curar la enfermedad. Y en esto es importante enfatizar el factor tiempo. Si bien a corto plazo algunas medidas, como por ejemplo la eliminación de subsidios indiscriminados, perjudican a muchas personas, a mediano y largo plazo, especialmente los más pobres, se ven beneficiados. Los subsidios indiscriminados no distinguen si los beneficiarios son pobres o ricos. Su eliminación ahorra recursos al Estado para enfocarlos en gastos sociales que sí beneficien a los más pobres.

Todas las medidas de política económica “neoliberales” recomendadas por el Consenso de Washington, de haber sido aplicadas por gobiernos y funcionarios honestos y técnicamente bien calificados, hubieran conducido a los países latinoamericanos a una transformación económica que los enrumbara hacia la prosperidad. Sin embargo, y esa fue la principal equivocación del FMI y del Banco Mundial, creer que los implementadores practicaban una ética y profesionalismo similar a los de los gobiernos de países desarrollados, los resultados fueron pobres. No tomaron en cuenta el factor cultural ni la naturaleza rentista de las élites en el poder. Muchas de las políticas propuestas fueron mediatizadas, otras no se llevaron a cabo y otras fueron aprovechadas por oligarquías corruptas vinculadas al poder.

La demostración práctica de la pertinencia de estas políticas “neoliberales” para enrumbar un país hacia el desarrollo económico se puede corroborar en el caso de Chile post Allende.

Otro término con el que hay que tener cuidado es el de “populismo”. En mi opinión, no toda política de gasto público dirigida a proveer servicios sociales es “populista”. Tradicionalmente, esa ha sido una de las áreas en que los economistas reconocen que el Estado debe jugar un papel importante. Bueno, excepto los libertarios.

En mi opinión, el populismo se caracteriza por la irresponsabilidad en el uso de los fondos públicos para proveer bienes o servicios gratuitos, sin importar la capacidad del Gobierno para sufragar esos gastos, lo que ha llevado a los países que lo practican al déficit fiscal, el endeudamiento público y la inflación, además de crear una mentalidad de dependencia en la población. Generalmente los políticos populistas, ignorantes del funcionamiento de la economía, o cínicos perversos que conocen las consecuencias pero no les importa, lo hacen con fines de perpetuarse en el poder. Vale mencionar que no solamente gobiernos de izquierda han aplicado políticas populistas, sino también algunos de derecha.

Por eso, una de las recomendaciones “neoliberales” del Consenso de Washington es la “Redirección del gasto público en subsidios («especialmente de subsidios indiscriminados») hacia una mayor inversión en los puntos claves para el desarrollo, servicios favorables para los pobres como la educación primaria, la atención primaria de salud e infraestructura.”
El período 2005-2019 coincide con un período de expansión de la demanda y los precios internacionales de materias primas, particularmente en los primeros 10 años. De eso se benefició Bolivia, al igual que muchos países latinoamericanos. Pero para un país menos industrializado y de economía menos diversificada, en comparación con Chile, el efecto fue mayor.

Otro factor es el que el efecto de crecimiento siempre es mayor cuando se tiene una base menor. El PIB de Bolivia es 5.4 veces menor al de Chile y un mismo aumento en las exportaciones tiene para Bolivia un efecto relativo mayor.

Otro factor conocido es que ese período coincide con el aumento del financiamiento venezolano a los países del “ALBA”, la Alianza Bolivariana de las Américas, del que Bolivia era un miembro importante.

Y otro factor cuyo impacto económico no se mide en el PIB es el narcotráfico. Sin embargo, es públicamente conocido que durante la presidencia de Evo Morales se ampliaron grandemente los cultivos de coca, materia prima principal de estupefacientes derivados que dejan multimillonarias ganancias no registradas.

El documento no aporta evidencias sobre los elementos y hechos que producen el aumento de la producción, que al final es la fuente de riqueza que se puede redistribuir. Lo que aporta son solamente elementos de aumentos en la redistribución:
“aumentó en términos reales el salario mínimo en 145,5 % respecto al nivel de 2005, … En lo referente a la distribución o repartición de recursos (rentas, impuestos, subsidios, patrimonios) entre individuos y países aumentó la Renta de los Hidrocarburos a un rango de 50%- 70%, aplicó impuestos a las utilidades de la minería y del sistema financiero y se amplió la renta de vejez no contributiva y otorgaron Bonos Sociales a grupos vulnerables como los niños y estudiantes y madres por un monto anual equivalente 1,5 % del PIB. … aplicación de impuestos y regalías por la utilización de recursos naturales no renovables como los hidrocarburos y la minería.”

Nada de lo anterior produce, solo son gastos e impuestos para financiar los gastos. Entonces, ¿de donde sale el crecimiento económico? ¿Cuáles fueron las nuevas inversiones en el período que produjeron el crecimiento?

Podría imaginar que los siguientes hechos pudieran ser fuente de nueva producción: “el Gobierno afectó la propiedad y distribución del factor Tierra a través del proceso de Saneamiento y Titulación de Tierras que otorgó 23,7 millones de hectáreas a 2,1 millones de beneficiarios. … afectó la propiedad de los recursos naturales no renovables: nacionalizó y re-estatizó las empresas estatales que fueron privatizadas y capitalizadas.”

Realmente sería el primer ejemplo en el mundo de que la producción aumenta cuando la tierra se divide en parcelas o cuando las empresas son estatizadas. Pero tampoco se ofrecen datos para demostrarlo.

En varias partes del ensayo, se trata de justificar el mayor gasto estatal, como si eso fuera la fuente del crecimiento de la riqueza. Pero hay un párrafo que viene a ser contradictorio con tal postulado:

“En el caso de Chile registra un gasto fiscal del 23,1% en 2019 muy por debajo del promedio de la OECD y de la región, mientras que Bolivia está con un gasto del 38% que lo ubica entre los tres primeros países de América Latina.” Entonces, en qué quedamos?

En lo que estoy de acuerdo es en la parte de la conclusión que dice: “que no existe un modelo único, puro y que es hora de quitar las etiquetas”. Especialmente cuando las etiquetas se ponen con fines ideológicos de promover o denigrar determinadas políticas, sin tomar en cuenta sus efectos en la realidad.

Termino con el análisis del primer párrafo del ensayo que dice: “El debate entre libertad económica o intervención del Estado, o también entre mercados o populismo es una falsa dicotomía, es decir una conclusión falsa a la que se arriba intencionalmente basada entre dos únicas posibilidades, a pesar de que existen alternativas de políticas económicas centradas en la gente.”

El debate entre libertad económica versus intervención del Estado o también entre mercados o populismo NO es una falsa dicotomía.

La intervención del Estado, per se, es ipso facto una reducción de la libertad individual. A mayor intervención estatal, menor libertad individual, tanto económica como social y política. Ninguna intervención estatal es consecuencia de la aprobación de cada persona, ya que es decidida por un número muy pequeño de personas en el poder.

En términos económicos, el Estado requiere de imponer “impuestos” para luego gastarlos. Todo impuesto es una exacción a los ingresos de una persona, que no puede oponerse a que le sean exigidos, so pena de cárcel. Por tanto, son compulsorios, nunca definidos de común acuerdo ni voluntarios. Ese es el origen de los ingresos del Estado. Otro puede ser el endeudamiento, que los que pagan impuestos luego tendrán que pagar. Es muy alegre para los políticos y burócratas estatales elevar impuestos, ya que no son ellos quienes tienen que pagarlos, al contrario, es de donde ellos se benefician.

Más impuestos es menos dinero disponible en los bolsillos de la gente para consumir y para invertir. Y más dinero para gastar a discreción de un puñado de políticos y burócratas. Por cierto, no son ángeles caídos del cielo.

Menos impuestos es lo contrario, significa que la gente decide en qué usar su dinero, los consumidores en qué tipo de bienes y servicios (el Estado nunca decidirá mejor que el dueño del dinero en qué debe gastarlo), y los emprendedores y empresarios en qué negocios invertir para producir riqueza.  Eso es lo que impulsa el círculo virtuoso de la creación de riqueza. Eso es libertad económica. Lo contrario es imposición totalitaria.

Es así que los políticos y funcionarios estatales tienen un incentivo perverso para elevar impuestos, expandir la burocracia y aumentar los gastos del Estado para “quedar bien con sombrero ajeno”. De ahí se deriva el populismo.

Debido a ese incentivo perverso, el Estado se llena de políticos y funcionarios mediocres, de asalariados que buscan un sueldo fijo mensual garantizado, de gente incapaz de crear riqueza produciendo y compitiendo en el mercado enfrentando los riesgos y vicisitudes de los cambios y la incertidumbre. Se llena también de ingenuos “buenistas” que quieren sacar a los pobres de la pobreza regalando lo que el segmento productivo crea, haciéndolos dependientes, en lugar de incentivarlos a producir y provocando la evasión de impuestos y el desincentivo a invertir.

Los emprendedores y empresarios son los creadores de riqueza y empleos para otros y están obligados a ser eficientes si no quieren perecer ante la competencia.

Ese concepto de eficiencia es ajeno al político y al burócrata estatal. Ninguna empresa estatal podrá ser tan eficiente como una privada, pues sus administradores no tienen los incentivos para eso. De ahí el despilfarro y la malversación de los fondos públicos. Lo confirmó el BID en un estudio que muestra que casi el 5% del PIB latinoamericano es robado.

La corrupción es rampante. En Latinoamérica, la élite de empresarios está coludida con los políticos y funcionarios para proteger sus intereses, limitando la libre competencia en el mercado y perjudicando a los consumidores. El problema no es un mal funcionamiento del mercado, es la ausencia de mercados libres y competitivos. Es la ausencia de políticas sensatas, “neoliberales” y la abundancia de políticas populistas.

Por tanto, más Estado no es ninguna solución, sino agravar el problema.

El sentido común es el menos común de los sentidos.

PD: Para ampliar sobre los análisis y mis argumentos, pueden ver los artículos en mi blog:

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